Esta semana llega a su fin el juicio oral contra Ariel Arturo Fernández Fara, acusado de llevar adelante dos secuestros extorsivos en un lapso de tres meses, en 2017. También son enjuiciados Vicente Enrique Seguer, Rafael Alberto Marteau y Manuel de Jesús Barraza, aunque por uno de los hechos.

Las audiencias de debate se han desarrollado en las últimas semanas ante el Tribunal Oral Federal (TOF), con las declaraciones de testigos y las víctimas. También con la exposición de grabaciones de cámaras de seguridad y de mensajes telefónicos, entre otros elementos de prueba. Están previstas para hoy y mañana las últimas jornadas, más los alegatos y el veredicto.

Primer hecho

Fernández Fara fue imputado por haber retenido de manera ilegítima, juntamente con otras dos personas que no han sido identificadas, a Luis Rodolfo Rodríguez Campo, entonces un martillero público en servicio. El hecho ocurrió en un galpón de su propiedad el 6 de septiembre de ese año.

La hipótesis de la Fiscalía se centró en que el acusado había amenazado y sustraído dinero a la víctima, y le habría obligado con la fuerza a efectuar un pago de $ 100.000 para poder quedar libre, lo que se produciría en la intersección de la localidad de Campo Herrera y la autopista Tucumán-Famaillá.

Según la denuncia, la víctima se dirigió a la ciudad de Bella Vista para encontrarse con Fernández Fara en el domicilio que este le había proporcionado. Rodríguez Campo arribó pasado el mediodía, pero el acusado lo haría más tarde en un auto marca Rover verde o gris oscuro, acompañado por dos hombres. El enjuiciado le solicitó inmediatamente que estacionara su camioneta adentro de la propiedad. Él le hizo caso en ese momento y todos ingresaron a una especie de galpón cerrado.

Uno de los acompañantes cerró un portón negro metálico de dos hojas, según la descripción, y Fernández Fara intentó golpearlo y le pidió que se sacara la ropa, lo que generó un forcejeo con el retenido. Las otras dos personas le decían en esos instantes que se quedara quieto: una empuñaba un arma de fuego y la otra, un arma blanca.

Continuamente, al profesional le reprocharon que eran "truchos" unos documentos y le hicieron sentar en una silla, mientras lo amenazaban con el cuchillo haciendo ruido al pasar por la pared. Tenía el arma apuntando a la nuca. Lo obligaron a firmar una serie de papeles en blanco, utilizaron "el sello de martillero, su domicilio y el DNI en algunos remitos y pagarés". Asimismo, la víctima le entregó $ 5.500 para que lo liberaran, pero el grupo pretendía también que firmara el formulario de transferencia 08 de su camioneta. Al no ser posible, lo obligaron a que consiga la suma de $ 100.000, por lo que el profesional envió un mensaje de audio a su hermano menor.

A las 15.30, aproximadamente, los agresores le exigieron que llamara a su hermano para señalarle que fuera solo y sin dar aviso a la policía, a nadie, hasta la entrada a Campo Herrera. La indicación era que el pariente debía detenerse en la autopista, sentido Tucumán-Famaillá.

La banda y la víctima se trasladaron luego hasta ese punto. Allí, Rodríguez Campo recibió el dinero en manos de su hermano, e inmediatamente se subió su camioneta para retirarse del lugar junto con los sospechosos. Estos últimos lo liberaron en un camino alternativo.

Segundo hecho

La empresa Tecnocontrol Industrial SA decidió vender un paquete accionario para cubrir una deuda que mantenía en el ingenio San Juan. Para esa transacción, aparecieron dos oferentes, Enrique Seguer y Ariel Fara, quienes aceptaron comprar un 44% de las acciones por un monto de $ 27 millones. Se concretaría en dos partes: $ 12 millones con la firma de la cesión y el saldo, el 16 de diciembre.

La operación se formalizaría con la rúbrica del acuerdo en una escribanía del microcentro de la capital, el 6 del mismo mes, a las 18. La transacción estaba sujeta al cobro del dinero, por eso Néstor Ramallo, jefe de planta en el Ingenio, se había comunicado con Fara para indicarle la dirección de la escribanía. Es que el empleado también era el encargado de buscar posibles inversionistas para la administradora de la fábrica azucarera.

A las 22.18, Lucas Terán, propietario de Tecnocontrol, recibió una llamada de Ramallo en la que manifestaba que tenía un inconveniente y que debía juntar hasta la medianoche $ 2 millones. El empresario le contestó que era imposible juntar ese monto tan rápido y que tampoco disponía de ese capital.

Dos horas después, el jefe de planta realizó otra llamada; fue a un familiar para decirle que estaba en la plaza San Martín y que había sido secuestrado por cuatro hombres.

Según el requerimiento fiscal, en ese lapso de tiempo Ariel Arturo Fernández Fara, Rafael Alberto Marteau, Vicente Enrique Seguer y Manuel de Jesús Barraza, habrían secuestrado a Ramallo utilizando en un auto Fiat Siena. Lo trasladaron hasta un descampado; allí, lo golpearon, amenazaron y lo extorsionaron. Al final, recorrieron distintos cajeros automáticos del microcentro de la capital y extrajeron dinero a cambio de su liberación.

En la investigación consta que Fernández Fara, Seguer y Marteau mantuvieron contacto con la víctima antes del secuestro. Seguer y Fernández Fara se hicieron pasar como socios, siendo este último el presunto el capitalista principal, y que tenían la intención de comprar las acciones de la firma. Marteau actuaba como el ideólogo del proyecto y el nexo entre el ingenio San Juan y los futuros socios.

Por su parte, el imputado Barraza fue el encargado de manejar el vehículo en el que trasladaron al jefe de planta.

Posible relación. El Ministerio Público Fiscal (MPF) había solicitado en varias oportunidades una prueba de reconocimiento fotográfico de los imputados Marteau y Seguer para el primer caso, medida que fue rechazada ante cada pedido.